INTRODUCCIÓN
Nos encontramos en momentos inciertos para nuestros pueblos: con la
excusa ya habitual del grave momento económico que atravesamos, el Partido
Popular ha situado en su diana a los pequeños municipios y, por tanto, a la
inmensa mayoría de pueblos de Salamanca y de Castilla y León. Desde los
ámbitos regional y nacional se lanzan propuestas a bocajarro, con tal
descoordinación entre ambas administraciones en algo tan esencial para
nuestro futuro, que causa vergüenza e indignación: por un lado, la Junta de
Castilla y León plantea la acumulación de competencias en “distritos de interés
comunitario” (D.I.C.); por otro lado, el Gobierno amenaza con suprimir los
ayuntamientos menores de 5.000 habitantes; los unos hablan de adscripción
voluntaria a los distritos, y los otros de desaparición forzosa; en las
competencias y, por tanto, en la decisión sobre qué servicios debe prestar cada
entidad a los vecinos el desconcierto es difícil de creer. En todo caso, es
evidente que en la toma de decisiones se está actuando con improvisación,
frivolidad y nula participación de los principales afectados: los municipios.
Los pueblos y sus moradores, representados por los ayuntamientos,
constituyen la base social histórica de convivencia en el medio rural, y son sin
duda quienes mejor conocen y desarrollan su entorno, y quienes trabajan a
diario en funciones tan esenciales para el futuro de todos como la producción
de alimentos, materias primas y oxígeno, la conservación de los recursos
naturales, del paisaje, de la identidad cultural, del agua,… La mayor dificultad
con que se encuentran los municipios para desempeñar esas funciones es la
despoblación, problema cada día más acuciante en el medio rural castellano y
leonés. Pues bien, con su propuesta de reordenación territorial, la
administración autonómica del Partido Popular demuestra su voluntad de
romper de manera abrupta con esta realidad histórica. Al mismo tiempo, se
rinde –si es que alguna vez luchó- ante el problema de la despoblación,
abandonando a su suerte a los pequeños municipios al tratar de arrebatarles su
principal argumento para el desarrollo futuro: la autonomía de gestión
municipal.
EL PUNTO DE MIRA EN LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS
Las administraciones regional y nacional, lejos de apoyar a los pequeños
municipios, de concebirlos como un importante recurso para el futuro del país,
de valorarlos como la administración más cercana a las personas que habitan
nuestros pueblos y que mejor custodia y desarrolla su territorio, los desprecia
como un estorbo, desprestigiándolos socialmente al señalarlos, injustamente,
como administraciones costosas y subsidiadas, y sometiéndolos a una
intolerable indefensión. En este sentido, nos oponemos frontalmente al papel
de “chivos expiatorios” de problemas ajenos que nuestros gestores
autonómicos y nacionales asignan a los pequeños municipios, y les
recordamos que:
a) los pequeños municipios reciben aportación de tributos del estado como
las poblaciones mayores: por habitante, ni más ni menos, sin criterio de
compensación alguno
b) los servicios básicos en los pueblos están agrupados o mancomunados,
como lo están quienes desempeñan tareas de secretaría-intervención;
de hecho, es habitual que logren prestarlos con menor coste per cápita
que poblaciones superiores
c) en un evidente ejemplo de vocación de servicio público, en los pequeños
municipios los cargos públicos, alcaldes y concejales, se dedican a sus
pueblos con un espíritu puramente servicial, sin abandonar sus medios
de vida ni recibir otra compensación por las horas y el esfuerzo
empleados que la satisfacción de su labor cumplida
d) como ha quedado patente en datos recientemente publicados, la
inmensa mayoría de los pequeños municipios están en situación de
equilibrio presupuestario, al regirse por criterios de “economía familiar
responsable” en la gestión de sus cuentas; en todo caso, es evidente
que nada tienen que ver con desajustes presupuestarios ajenos
e) al tratarse de la administración más cercana para las personas,
especialmente en el mundo rural, los recursos gestionados por los
municipios se convierten en servicios o inversiones que llegan
directamente a los vecinos, evitándose gastos intermedios y
optimizándose al máximo los presupuestos
Sin embargo, asistimos actualmente a maniobras mediáticas del Partido
Popular para allanar socialmente el terreno previo a sus reformas de
ordenación territorial. Hablan de “obras faraónicas” en pueblos pequeños, de
deudas inasumibles,… Pues bien, nuestra respuesta es clara: la mayoría de
pequeños municipios dan ejemplo de obras sostenibles y adecuadas a sus
recursos; si en algún pueblo han existido proyectos extralimitados es porque
los mecanismos de control no han funcionado correctamente o porque, como
consecuencia del clientelismo instaurado en las administraciones de nuestro
entorno en los últimos años, se les ha alentado a emprenderlas al
concedérseles cuantiosas subvenciones con arbitrariedad.
NUESTRA RESPUESTA A LA PROPUESTA DE LA JCyL:
Los “distritos de interés comunitario”
1. Los D.I.C. constituyen una propuesta tecnocrática, consistente en la
creación de nuevos centros de poder administrativo, alejada de la
realidad del medio rural de Castilla y León. La propia denominación
Distrito de Interés Comunitario es ajena a nuestra cultura, a nuestro
lenguaje y a la propia configuración de nuestro territorio.
2. No se justifica la pretensión de concentración de servicios por ahorro
económico pues los pequeños municipios, en su inmensa mayoría, ni
están endeudados ni han sido los responsables del déficit público.
3. El propósito de los D.I.C. es acumular competencias y recursos en los
pueblos más grandes, enajenándoselos a los pequeños municipios para,
así, convertirse en nuevos centros de control político. Ello podría derivar
en el declive o desaparición de muchos pueblos pequeños y en
gravísimas consecuencias para la cohesión territorial de CyL.
4. La creación de los D.I.C. supondría la constitución de una nueva entidad
administrativa intermedia (esto es, que no presta servicios directamente
a los ciudadanos), lo que conllevaría más burocracia, nuevos cargos
políticos y más gastos de gestión, algo absurdo en estos tiempos en que
la inquietud de la ciudadanía pasa por aligerar trámites, optimizar gastos
y suprimir duplicidades. Así pues, se citan la racionalización económica
y la austeridad como valores que deben guiar siempre las decisiones de
organización administrativa, pero la propuesta que se nos presenta
añade más gasto de estructura a lo existente, aunque no se diga.
5. La creación de los D.I.C. favorecería la desaparición de los
ayuntamientos; la experiencia nos enseña que el pueblo que pierde su
ayuntamiento acelera su declive.
Si un pueblo ha de desaparecer, que sea porque, lamentablemente, ha
quedado despoblado o porque lo dicta su propio proceso, pero ningún
pueblo debe desaparecer porque se le dé la estocada, y mucho menos
desde las administraciones públicas.
6. La centralización de servicios y gestión en los D.I.C. significaría alejar la
administración del ciudadano y, por tanto, los vecinos de los pueblos
perderían su referencia básica ‘a pie de calle’ para resolver cualquier
cuestión: sus ayuntamientos. Esta gestión desde la lejanía podría
acarrear el abandono del espacio rural propio y la apropiación, por parte
de personas y empresas ajenas al territorio, de la tierra y sus productos,
lo que iría en contra del pequeño productor y de la distribución de
productos locales de calidad (estilo productivo que precisamente ahora
comienza a surgir en los pueblos como apuesta de desarrollo
sostenible).
7. No es admisible el tópico de que la descentralización de servicios,
recursos y decisiones sea más cara que su concentración.
Consideramos que un reparto equitativo por todo el territorio es más
democrático, más cercano a la ciudadanía y más eficiente porque
estimula las capacidades de las personas que lo gestionan.
8. La supuesta adscripción voluntaria de cada ayuntamiento a los D.I.C.
que nos está ‘vendiendo’ la JCyL es un argumento tan vacío como
perverso: es imposible que la ordenación funcione “a la carta”, por lo que
intuimos que podría entrar en juego la peligrosa dinámica de “únete o
quédate aislado”. Además, la acumulación de competencias en las
sedes de distrito podría ser obstáculo para el desarrollo local
emprendido por cada municipio y, consecuentemente, chantaje
encubierto para que las adscripciones “voluntarias” terminen por ser
forzosas.
9. Desviar los centros administrativos desde los municipios a los distritos
supondría anular uno de los cauces de participación ciudadana más
ricos y activos de nuestro entorno social: los vecinos de los pueblos
involucrándose en el mantenimiento de su entorno, en el cuidado y
mejora de los servicios que reciben y en la toma de decisiones que
emerge de su ayuntamiento.
10. La lejanía de los distritos supondría renunciar a uno de los mayores
valores de nuestro medio rural, un valor que ha ejercido tradicionalmente
como elemento para la convivencia, la calidad de vida y como garantía
de la adecuada prestación de servicios: nos referimos a la multitud de
personas implicadas de manera voluntaria y desinteresada en la gestión
de los pequeños municipios, como alcaldes y concejales, con mínimo
coste y alto conocimiento de la realidad de la vida y del territorio
municipal. Este valor, con toda seguridad, decaería con la asunción de
competencias y responsabilidades municipales por parte de los D.I.C.,
desde la lejanía.
En definitiva, para afianzar servicios en las comarcas, mejorarlos y servir
mejor a los ciudadanos del medio rural, la propuesta de reordenación territorial
de la JCyL no sirve; más bien parece encaminada a acelerar la desaparición
del mayor número de pueblos en el menor tiempo posible (despoblación, a dar
la puntilla a los pequeños municipios. Sugerimos a la JCyL que, por contra,
potencie, aumente y mejore los servicios de carácter realmente comarcal, como
los sanitarios y educativos, en determinados centros poblacionales, por
ejemplo: centros de salud debidamente atendidos y equipados en cada centro
comarcal, ¿podemos, por ejemplo, llamar ‘comarca’ a un espacio que no ofrece
atención pediátrica, y que obliga a sus habitantes a desplazarse 50 Km. para
recibirla?; o institutos que ofrezcan también enseñanza no obligatoria,
¿podemos llamar ‘comarca’ a zonas que no ofrecen bachillerato o formación
profesional a nuestros jóvenes, abandonándolos cada mañana sin ni siquiera
facilitarles transporte para continuar sus estudios? Todo lo contrario: lo que se
logrará es que las familias se vean en la necesidad de emigrar a poblaciones
mayores o que se queden en sus pueblos asumiendo que no pueden acceder a
esos servicios, perpetuándose los dos grandes males que impiden el desarrollo
de nuestro medio rural: la despoblación y la resignación.
En conclusión, el PSOE, partido de intensa tradición municipalista,
apoya a los ayuntamientos y a los cargos públicos que en ellos desempeñan su
función cada día, denuncia la grave situación en que pueden quedar nuestros
pueblos si se materializan esas agresiones y manifiesta su compromiso de
defenderlos con todos los medios a su alcance. Además, solicitamos a las
administraciones regional y nacional que recapaciten antes de consumar los
graves problemas que traerían consigo sus propuestas.
Destacamos, además, que el Art. 137 de la Constitución establece la
Organización Territorial del Estado: “El Estado se organiza territorialmente en
municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se
constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus
respectivos intereses”, y el 140 la Administración Local: “La Constitución
garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad
jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos
Ayuntamientos,…”.
